La Justicia es en la actualidad uno de los servicios públicos básicos, esenciales para el normal funcionamiento de una comunidad. Debe impartirse y administrarse, en consecuencia, no sólo con observancia de sus propios y específicos principios y fines, sino también procurando la satisfacción de los de eficacia, eficiencia y, especialmente, atendiendo a criterios de servicio a los ciudadanos; es decir, con arreglo criterios de calidad en la prestación de ese servicio. Es preciso y urgente, por tanto, garantizar una actuación conforme a esos principios e implementar criterios de calidad también en el proceder de la Administración de Justicia, tal como viene sucediendo en otros ámbitos y, concretamente, en todos los sectores de la actividad administrativa.

La concepción de la Administración de Justicia como servicio público ha conducido, así, al reconocimiento en favor de los ciudadanos de una serie de derechos, pero, para que esos derechos puedan ejercerse de manera efectiva y queden convenientemente salvaguardados, resulta imprescindible aplicar una acertada política de gestión de los recursos humanos que cotidianamente mantienen relación directa con los ciudadanos.

Además de las reformas legislativas y estructurales y de las cuestiones presupuestarias dirigidas al incremento de los efectivos y a la mejor dotación de medios materiales, la percepción por parte de los ciudadanos de una Administración de Justicia más próxima, atenta a sus intereses y más eficiente – en definitiva, de mayor calidad – exige, efectivamente, una adecuada gestión de los recursos humanos existentes, así como el fomento del acceso a la función pública.

La adopción de tales medidas, sin embargo, no puede llevarse a cabo en Canarias desde una perspectiva generalista, siguiendo modelos implantados en otras Comunidades Autónomas. La Justicia en Canarias adolece de problemas singulares que deben ser tomados en consideración y que precisan de soluciones específicas. La eficacia de la Justicia como servicio público requiere en nuestra Comunidad Autónoma de la adopción de medidas concretas dirigidas a solventar las dificultades características que históricamente ha padecido la Administración de Justicia de Canarias.

Los estudios realizados ponen, en general, de manifiesto que, como en otras Comunidades Autónomas, los ciudadanos no se sienten satisfechos con el servicio público judicial y muestran también las mismas quejas respecto a las demoras o a la falta de información. Son éstas reclamaciones recurrentes que, sin embargo, no reflejan que en Canarias, incuestionablemente, estos problemas se agudizan debido, básicamente, no a la escasa modernización de la Administración de Justicia – causa que diversas medidas están tratando de resolver a nivel general -, sino a un factor que nos es propio: la inestabilidad de las plantillas que implica, a su vez, un déficit permanente de efectivos.

Este fenómeno, con otros, incide directamente en la eficacia y celeridad con que ha de funcionar la Administración de Justicia, contribuyendo, en consecuencia, a la saturación que la caracteriza y que, por la concurrencia de estas circunstancias singulares, se plantea más acusadamente en Canarias.

Un acertado diagnóstico de los problemas específicos de Canarias pone en evidencia que, para cumplir satisfactoriamente los objetivos de eficiencia y celeridad no cabe la adopción de medidas aisladas. Es preciso contar con un Plan Integral que, además de contemplar medidas de probada eficacia, adoptadas por otras Comunidades Autónomas, recoja otras dirigidas específicamente a resolver las dificultades que caracterizan a la Administración de Justicia en Canarias.

Un Plan Integral sistemático y coherente, adaptado a las carencias y necesidades propias de la Justicia en Canarias constituye el instrumento básico esencial para articular eficazmente los mecanismos apropiados para solventar los problemas específicos de la Administración de Justicia en nuestra Comunidad Autónoma. Dentro de este plan se circunscribe un programa que permita fomentar entre los residentes en Canarias el acceso al servicio público en la Administración de Justicia lo cual posibilitará, sin duda, una menor inestabilidad de las plantillas lo que reduciría sustancialmente los colapsos generados por los traslados, incidiendo en definitiva en los objetivos antes nombrados de eficiencia y celeridad.